Asamblea de Políticas, Sociología, Antropología y Trabajo Social próximo miércoles 25 a las 14:30 en el hall de la facultad
lunes, 23 de febrero de 2009
Deficit UCM
MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), el centro de enseñanza superior con más alumnos en España después de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha tenido que congelar su bolsa de trabajo y limitar a los profesores las horas extras ante la previsible falta a final de año de 83,2 millones de euros.
En un documento interno al que ha tenido acceso Europa Press, el rector, Carlos Berzosa, ha explicado al personal la actual situación de la Universidad. Así, les explica que el contrato programa que el centro tiene firmado con la Comunidad de Madrid contempla, por una parte, el pago de la subvención nominativa y, por otra, además, el pago de los complementos en las retribuciones que vienen impuestos por normativa legal y que en los últimos años han sido la progresiva incorporación en las pagas extras de los complementos de destino y específicos.
Sumando ambos conceptos, el presupuesto de 2008, aprobado en Consejo de Gobierno y Consejo Social, contempla unos ingresos previstos de 397,9 millones de euros. Asimismo, la UCM tiene suscrito otro contrato programa con la Comunidad para inversiones en 2008 por un total de 41 millones de euros.
Sin embargo, el rector recuerda que a 1 de enero de 2007 la Comunidad de Madrid adeudaba a la UCM la cantidad de 19,539 millones de euros en concepto de pagas extras, y que a 1 de octubre la deuda de la Comunidad con la Universidad ha ascendido a 32,106 millones de euros, debido a la paga extra de junio y la parte de nominativa no cobrada de septiembre.
"En este momento, la Comunidad sólo se ha comprometido a abonar la totalidad de la nominativa del mes de octubre", recoge el documento, aunque la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha asegurado que se van a pagar las partidas completas de octubre, noviembre y diciembre, además de todos los complementos, incluidos, el autonómico que cobran los docentes por estar trabajando en la Comunidad de Madrid.
No obstante, según la Universidad, el Gobierno regional ha anunciado verbalmente que no les transferirá 23,575 millones de euros del contrato programa de inversiones, por lo que la situación a finales de año será, aparte de esto, con la deuda de octubre (32,1 millones de euros), el posible recorte de concepto nóminas en noviembre y diciembre (18,1), y el complemento de la paga extra del último mes del año (9,4), un total de 83,2 millones de euros como cobro de derechos pendientes.
REPERCUSIÓN EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Todo ello coloca a la Universidad en un escenario "de insuficiencia de fondos disponibles para hacer efectivos los compromisos en gasto corriente y de inversión ya comprometida o ejecutada, lo cual repercute seriamente en su normal funcionamiento", destaca en la circular distribuida entre el personal universitario.
Por ello, el Consejo de Dirección y la Comisión Económica delegada del Consejo de Gobierno han analizado la situación y han decidido adoptar medidas referentes a este ejercicio presupuestario, con el objetivo de paliar en lo posible la falta de liquidez en la que están situados por "el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de los contratos programa firmados con las universidades públicas madrileñas".
Estas medidas tienen carácter de excepcionalidad por la situación planteada, y podrán ser objeto de reversión si la Comunidad de Madrid rectifica y abona la deuda, "y la financiación de la universidad alcanza un cauce de normalidad asumible", continúa, al mismo tiempo que señala que cada una de ellas será aplicada de modo que, en la medida de lo posible, no impida el desarrollo de actividades indispensables de la universidad.
Entre las que afectan al control del gasto presupuestario, destaca el bloqueo de todos los expedientes de gasto en fases R (retención) o A (autorización); la revisión de ejecución de los contratos en fase de comprometido; y la paralización de las convocatorias pendientes con cargo a fondos propios de la universidad.
Además, se retendrá un 40 por ciento del crédito disponible en todas las unidades de gasto; un 50 por ciento de los saldos a incorporar como remanentes en los fondos generados por actividades realizadas desde la propia universidad; y se limitarán las horas extraordinarias y el importe a pagar en concepto de conferencias y gratificaciones al personal de la UCM.
Respecto a las que afectan a la gestión de personal, la Comisión Económica ha decidido apoyar una serie de medidas que quedan pendientes de negociación con los correspondientes órganos de representación. Así, se paralizarán las convocatorias de puestos de trabajo que supongan incremento de gasto presupuestario, y no se incrementara el empleo.
También se revisarán concesiones provisionales de tardes, jornadas partidas y otros conceptos complementarios en el personal de administración y servicios así como los complementos de productividad y otras partidas de gasto en los niveles superiores de la organización del personal de administración y servicios.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), el centro de enseñanza superior con más alumnos en España después de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha tenido que congelar su bolsa de trabajo y limitar a los profesores las horas extras ante la previsible falta a final de año de 83,2 millones de euros.
En un documento interno al que ha tenido acceso Europa Press, el rector, Carlos Berzosa, ha explicado al personal la actual situación de la Universidad. Así, les explica que el contrato programa que el centro tiene firmado con la Comunidad de Madrid contempla, por una parte, el pago de la subvención nominativa y, por otra, además, el pago de los complementos en las retribuciones que vienen impuestos por normativa legal y que en los últimos años han sido la progresiva incorporación en las pagas extras de los complementos de destino y específicos.
Sumando ambos conceptos, el presupuesto de 2008, aprobado en Consejo de Gobierno y Consejo Social, contempla unos ingresos previstos de 397,9 millones de euros. Asimismo, la UCM tiene suscrito otro contrato programa con la Comunidad para inversiones en 2008 por un total de 41 millones de euros.
Sin embargo, el rector recuerda que a 1 de enero de 2007 la Comunidad de Madrid adeudaba a la UCM la cantidad de 19,539 millones de euros en concepto de pagas extras, y que a 1 de octubre la deuda de la Comunidad con la Universidad ha ascendido a 32,106 millones de euros, debido a la paga extra de junio y la parte de nominativa no cobrada de septiembre.
"En este momento, la Comunidad sólo se ha comprometido a abonar la totalidad de la nominativa del mes de octubre", recoge el documento, aunque la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha asegurado que se van a pagar las partidas completas de octubre, noviembre y diciembre, además de todos los complementos, incluidos, el autonómico que cobran los docentes por estar trabajando en la Comunidad de Madrid.
No obstante, según la Universidad, el Gobierno regional ha anunciado verbalmente que no les transferirá 23,575 millones de euros del contrato programa de inversiones, por lo que la situación a finales de año será, aparte de esto, con la deuda de octubre (32,1 millones de euros), el posible recorte de concepto nóminas en noviembre y diciembre (18,1), y el complemento de la paga extra del último mes del año (9,4), un total de 83,2 millones de euros como cobro de derechos pendientes.
REPERCUSIÓN EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Todo ello coloca a la Universidad en un escenario "de insuficiencia de fondos disponibles para hacer efectivos los compromisos en gasto corriente y de inversión ya comprometida o ejecutada, lo cual repercute seriamente en su normal funcionamiento", destaca en la circular distribuida entre el personal universitario.
Por ello, el Consejo de Dirección y la Comisión Económica delegada del Consejo de Gobierno han analizado la situación y han decidido adoptar medidas referentes a este ejercicio presupuestario, con el objetivo de paliar en lo posible la falta de liquidez en la que están situados por "el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de los contratos programa firmados con las universidades públicas madrileñas".
Estas medidas tienen carácter de excepcionalidad por la situación planteada, y podrán ser objeto de reversión si la Comunidad de Madrid rectifica y abona la deuda, "y la financiación de la universidad alcanza un cauce de normalidad asumible", continúa, al mismo tiempo que señala que cada una de ellas será aplicada de modo que, en la medida de lo posible, no impida el desarrollo de actividades indispensables de la universidad.
Entre las que afectan al control del gasto presupuestario, destaca el bloqueo de todos los expedientes de gasto en fases R (retención) o A (autorización); la revisión de ejecución de los contratos en fase de comprometido; y la paralización de las convocatorias pendientes con cargo a fondos propios de la universidad.
Además, se retendrá un 40 por ciento del crédito disponible en todas las unidades de gasto; un 50 por ciento de los saldos a incorporar como remanentes en los fondos generados por actividades realizadas desde la propia universidad; y se limitarán las horas extraordinarias y el importe a pagar en concepto de conferencias y gratificaciones al personal de la UCM.
Respecto a las que afectan a la gestión de personal, la Comisión Económica ha decidido apoyar una serie de medidas que quedan pendientes de negociación con los correspondientes órganos de representación. Así, se paralizarán las convocatorias de puestos de trabajo que supongan incremento de gasto presupuestario, y no se incrementara el empleo.
También se revisarán concesiones provisionales de tardes, jornadas partidas y otros conceptos complementarios en el personal de administración y servicios así como los complementos de productividad y otras partidas de gasto en los niveles superiores de la organización del personal de administración y servicios.
miércoles, 18 de febrero de 2009
La UB hará un referéndum para que los alumnos voten sobre Bolonia.El País 18-2-2009
Los estudiantes de la mayor universidad de Cataluña, la de Barcelona (UB), harán la semana próxima un referéndum para preguntar a los alumnos si debe paralizarse el proceso de Bolonia (convergencia de los estudios universitarios en Europa). Se apunta el 26 de febrero, jueves, confirmaron fuentes del rectorado y de los estudiantes a EL PAÍS.
Los estudiantes encerrados desde noviembre en el edificio central de la plaza de la Universitat llevan tiempo pidiendo la consulta. Ahora logran su objetivo. El nuevo rector, Dídac Ramírez, no se había opuesto, pero esperaba acontecimientos. Ahora está sobre la mesa la petición de más del 50% de los estudiantes del claustro de hacer el referéndum, por lo que, con los estatutos en la mano, éste tiene vía libre.
El propio rectorado de la UB organizará una campaña informativa sobre el referéndum. Los estudiantes también harán la suya. La universidad facilitará que haya urnas en los campus de la UB para que se celebre la consulta.
La pregunta que se planteará es la siguiente: "¿Debe paralizarse la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior para iniciar un proceso de debate sobre el futuro de la Universidad pública?: sí o no".
El referéndum no será vinculante, en el sentido de que su resultado no obligará a la Universidad en su conjunto. Los estudiantes encerrados han defendido que sea vinculante, pero con el reglamento en la mano sólo lo será para la posición de los estudiantes miembros del claustro cuando se voten temas relacionados con Bolonia.
La UB es la segunda universidad española con más alumnos, después de la la Complutense de Madrid. Tiene más de 53.000 estudiantes en primer y segundo ciclo, en masters y en doctorado. La cifra de alumnos ronda los 80.000 si se incluyen los que cursan formación continua.
La consulta llegará tras el encierro de estudiantes contra el proceso de Bolonia. Los tres meses de protesta han dejado un paisaje que se asemeja a una gigantesca jaima entrelazada por toldos en la primera planta del edificio de la plaza de la Universitat. Allí pernoctan cada día entre 30 y 40 jóvenes, aunque las clases siguen dándose. El rectorado ha pedido a los alumnos que dejen su encierro, pero no forzará su desalojo, señalan las fuentes consultadas.
No es la primera vez que se hace un referéndum sobre Bolonia. Las universidades de Lleida y Girona ya lo convocaron el añopasado. El de Lleida fue el 15 de abril y votaron 1.663 alumnos, el 20% del total; a favor de paralizar Bolonia, el 94,5%; en contra, el 4,7%, y el resto fueron votos nulos o en blanco. En Girona, la votación fue el 12 de noviembre y votó el 14,7%; a favor de parar Bolonia, el 94,3%; en contra, el 5,3%, y los votos nulos o en blanco fueron los restantes.
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/UB/hara/referendum/alumnos/voten/Bolonia/elpepuespcat/20090218elpcat_3/Tes
Los estudiantes encerrados desde noviembre en el edificio central de la plaza de la Universitat llevan tiempo pidiendo la consulta. Ahora logran su objetivo. El nuevo rector, Dídac Ramírez, no se había opuesto, pero esperaba acontecimientos. Ahora está sobre la mesa la petición de más del 50% de los estudiantes del claustro de hacer el referéndum, por lo que, con los estatutos en la mano, éste tiene vía libre.
El propio rectorado de la UB organizará una campaña informativa sobre el referéndum. Los estudiantes también harán la suya. La universidad facilitará que haya urnas en los campus de la UB para que se celebre la consulta.
La pregunta que se planteará es la siguiente: "¿Debe paralizarse la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior para iniciar un proceso de debate sobre el futuro de la Universidad pública?: sí o no".
El referéndum no será vinculante, en el sentido de que su resultado no obligará a la Universidad en su conjunto. Los estudiantes encerrados han defendido que sea vinculante, pero con el reglamento en la mano sólo lo será para la posición de los estudiantes miembros del claustro cuando se voten temas relacionados con Bolonia.
La UB es la segunda universidad española con más alumnos, después de la la Complutense de Madrid. Tiene más de 53.000 estudiantes en primer y segundo ciclo, en masters y en doctorado. La cifra de alumnos ronda los 80.000 si se incluyen los que cursan formación continua.
La consulta llegará tras el encierro de estudiantes contra el proceso de Bolonia. Los tres meses de protesta han dejado un paisaje que se asemeja a una gigantesca jaima entrelazada por toldos en la primera planta del edificio de la plaza de la Universitat. Allí pernoctan cada día entre 30 y 40 jóvenes, aunque las clases siguen dándose. El rectorado ha pedido a los alumnos que dejen su encierro, pero no forzará su desalojo, señalan las fuentes consultadas.
No es la primera vez que se hace un referéndum sobre Bolonia. Las universidades de Lleida y Girona ya lo convocaron el añopasado. El de Lleida fue el 15 de abril y votaron 1.663 alumnos, el 20% del total; a favor de paralizar Bolonia, el 94,5%; en contra, el 4,7%, y el resto fueron votos nulos o en blanco. En Girona, la votación fue el 12 de noviembre y votó el 14,7%; a favor de parar Bolonia, el 94,3%; en contra, el 5,3%, y los votos nulos o en blanco fueron los restantes.
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/UB/hara/referendum/alumnos/voten/Bolonia/elpepuespcat/20090218elpcat_3/Tes
martes, 17 de febrero de 2009
domingo, 15 de febrero de 2009
Zaragoza: La ACPU irrumpe en el Consejo de Gobierno y paraliza aprobación Master profesorado. 11 de febrero de 2009
La ACPU obtiene un éxito rotundo en el objetivo de posponer la decisión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se pretendía sustituir el actual CAP por el Máster en Formación de Profesorado. Como consecuencia de la nula información transmitida por parte de las autoridades al resto de la comunidad universitaria, la ACPU se ha visto en la necesidad de entrar pacíficamente en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se celebraba hoy en el Edificio Paraninfo para plantear posponer esta decisión antidemocrática. Nuestras razones se exponen en el comunicado adjunto.Ante nuestro intento de intercambio de posturas, el Rector ha decidido unilaterlamente suspender de forma oficial el Consejo de Gobierno, aludiendo a la imposibilidad de votar a mano alzada el punto que se estaba tratando. Esto demuestra la búsqueda desesperada de excusas para no escuchar nuestras propuestas, dado que existe la posibilidad de voto secreto, a la que el Rector no ha querido aludir y ante la que no interferíamos con nuestra presencia.Por esta decisión unilateral se ha producido la suspensión del punto anterior, por lo que pedimos disculpas a la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, ya que éste no era nuestro objetivo.A posteriori la Asamblea ha tomado la decisión de abandonar el Edificio Paraninfo, por seguridad, ante la noticia de que los responsables habían llamado a la policía a fin de desalojar el espacio, lo consideramos una medida absolutamente desproporcionada por el hecho de que nuestra propuesta era pacífica y no exigía la actuación de cuerpos represivos del Estado.
Información enviada por los compañer@s de Zaragoza
Vídeo en el siguiente enlace: http://www.tu.tv/videos/acpu-paraliza-master-profesorado#
Información enviada por los compañer@s de Zaragoza
Vídeo en el siguiente enlace: http://www.tu.tv/videos/acpu-paraliza-master-profesorado#
El movimiento de las universidades ha alcanzado ya cotas históricas en Francia
El martes Francia vivió una enorme jornada de movilización contra las reformas de las universidades, en un movimiento que no para de crecer. Fueron más de 50.000 manifestantes en París, y varios miles en ciudades como Toulouse, Estrasburgo y Marsella. Además, buena parte de las universidades están en huelga, esta vez principalmente gracias al impulso de lxs profesorxs, que se ven atacados directamente por las última medidas del gobierno. ¿A qué se oponen? Desde que llegó al poder, el gobierno de Sarkozy anunció que la reforma del sistema de educación y de investigación nacional sería uno sus objetivos prioritarios. En verano del 2007 aprobó la LRU, ley de la llamada "autonomía universitaria", y que suponía un paso más en la privatización y mercantilización de la universidad, dentro del marco del Proceso de Bolonia. Con la reforma, las universidades pasaban a ser autónomas financieramente, pudiendo vender y comprar sus edificios, y contratar y despedir directamente al personal docente y administrativo. Además, se modificaba el sistema de gobierno de las universidades, aumentando el poder de lxs presidentxs de las universidades (rectores), asimilando al modelo de gestión al de las empresas. Esta ley motivó un fuerte movimiento de los estudiantes en noviembre y diciembre del 2007, retomando las formas de lucha aprendidas durante el CPE (2005), pero que acabó en derrota dado la falta de masividad, la poca implicación de lxs profesorxs y personal, y la traición de la dirección de la UNEF, sindicato estudiantil mayoritario. Pero las reformas no se han quedado aquí. Valerie Pecresse, ministra de educación superior e investigación, ha avanzado en la aplicación del programa neoliberal mediante varias reformas. A finales del curso pasado se presentó la "Operación Campus", equivalente de nuestra "Universidad 2015", poniendo a las universidades a competir entre sí por los fondos públicos, que se darán a cambio de que transformen los campus para favorecer la colaboración "universidad-empresa". Se pretende además desmantelar el CNRS, equivalente del CSIC español, de enorme importancia en el mundo científico europeo y mundial, para convertirlo en una mera "agencia de medios" que externalice la investigación a laboratorios y proyectos preferiblemente privados. Durante el primer trimestre numerosxs investigadorxs se han coordinado para luchar contra esta destrucción de la investigación, retomando les medios de lucha de lxs estudiantxs, y bloqueando por ejemplo el Consejo de Administración del CNRS para evitar que se aprobara el proyecto. Durante este curso, se ha anunciado además una reforma en el concurso de acceso a la profesión de profesor, por el que los opositores debérán además examinarse de contenidos pedagógicos. Esto obliga a las universidades a preparar másteres especificos, que incluyan contenidos psicopedagógicos y compitan así con los másteres disciplinares. Con estos nuevos másteres el Estado se ahorra además el año de prácticas remuneradas que se realizaba después de haber realizado la oposición.Pero la gota que ha colmado el vaso es la reforma del estatuto del personal docente e investigador. En la línea de la LRU, se dota de poder absoluto al presidente de la universidad, que puede decidir sobre la carga docente de lxs profesorxs, precarizando así su estatuto e imposibilitando toda negociación colectiva. La carga docente se concibe en el proyecto como un castigo contra la falta de investigación, en vez de considerar ambas actividades como complementarias la una con la otra. ¿Cómo se está organizando la lucha? Ésta vez, los que llevan la iniciativa son lxs profesores, que por fin se han dado cuenta de que la mercantilización de la educación también les ataca a ellos directamente. Diversos colectivos, desde sindicatos nacionales de profesores (el mayoritario es SNESup, de línea algo combativa), a colectivos en defensa de la universidad nacidos durante las luchas de los últimos años, comenzaron a organizar la movilización, haciendo votar mociones en los distintos consejos de gobierno y de facultad, mostrando la oposición de las universidades a la reforma. Mociones de este tipo se han votado en la mayor parte de las universidades. Después se organizaron reuniones y asambleas, en las que han participado profesores de todo tipo, incluyendo por ejemplo juristas de derechas que siempre habían boicoteado los movimientos estudiantiles, pero que esta vez ven que también les afecta a ellos. Las distintas asambleas de profesorxs se reunieron en una coordinación nacional el 22 de Enero, en la que participaron 46 universidades, y donde se votaron dos mociones: una que denunciaba las reformas y exigía su retirada, y otra que amenazaba con paralizar por completo la universidad si el 2 de febrero no se habían satisfecho las reivindicaciones. Además se proponían modalidades de acción como la retención administrativa de notas, por la cual los profesores no transmiten las notas de lxs alumnxs a la administración, paralizando de esta manera su funcionamiento. Otra modalidad es la no transmisión por parte de los consejos de gobierno del programa de los nuevos másteres pedagógicos al ministerio, negándose así a su aplicación. Esto ha sido asumido también por muchas universidades. Desde el 22 de Enero, que coincidió con un provocador discurso de Sarkozy donde se insultaba y menospreciaba a todos los componentes de sistema universitario y de investigación, el movimiento y la rabia no ha hecho más que crecer. El dos de febrero la coordinación reunía más de 80 universidades, donde se volvió a votar la huelga ilimitada. La ministra, en la línea del gobierno de Sarkozy, ha dicho que no cederá, lo que ha contribuido a encrespar los ánimos. Lxs presidentxs de universidad, algunos de ellos considerados de derechas y pro-gobierno, han comenzado también a responder. Reunidos en la Sorbona, nueve de ellxs han lanzado un llamamiento al que se han ido sumando otros presidentes, y donde se denuncia en las reformas "el mayor ataque a la escuela pública realizado desde Vichy".
¿Adonde van? Aprovechando la iniciativa de lxs profesorxs, lxs estudiantes han empezado a movilizarse ellos también, organizando conjuntamente talleres de reflexión, acudiendo a las manifestaciones, y convocando sus propias asambleas. Algunas de ellas han sido enormes, batiendo los récords alcanzados durante el movimiento contra el CPE. La masividad del movimiento estudiantil, sumada a la legitimidad aportada por profesorxs, investigadorxs y presidentes de universidad, puede ser una mezcla explosiva. Este movimiento puede además ser el desencadenante de otro mucho más grande: la defensa de la universidad como servicio público despierta la solidaridad de buena parte de lxs trabajadorxs, y motiva a luchar a una población cada vez más harta de las medidas de Sarkozy los efectos de la crisis. La enorme huelga general del 29 de enero puede ser un simple aperitivo de lo que se prepara.
¿Adonde van? Aprovechando la iniciativa de lxs profesorxs, lxs estudiantes han empezado a movilizarse ellos también, organizando conjuntamente talleres de reflexión, acudiendo a las manifestaciones, y convocando sus propias asambleas. Algunas de ellas han sido enormes, batiendo los récords alcanzados durante el movimiento contra el CPE. La masividad del movimiento estudiantil, sumada a la legitimidad aportada por profesorxs, investigadorxs y presidentes de universidad, puede ser una mezcla explosiva. Este movimiento puede además ser el desencadenante de otro mucho más grande: la defensa de la universidad como servicio público despierta la solidaridad de buena parte de lxs trabajadorxs, y motiva a luchar a una población cada vez más harta de las medidas de Sarkozy los efectos de la crisis. La enorme huelga general del 29 de enero puede ser un simple aperitivo de lo que se prepara.
sábado, 31 de enero de 2009
¿Por qué miente la Gaceta Universitaria?
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar (...) >>>
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres “expertos en la materia”: Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 (“¿Quién participa en ellas” [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: “Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios”. Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 (“El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS”) y 24 (“Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas”). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27’5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios”. Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? “¿Se privatiza la educación? De ningún modo”.
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” [COM (2002) 779] o “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación” [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un “enfoque de asociación con las empresas y los particulares”. Además, hay que “concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados”.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la “reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”.
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.- La introducción de competitividad en los servicios “públicos” subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas “declaraciones de Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”. ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas (http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.ph...); y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc (http://www.institucional.us.es/cons...).
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre “libertad de expresión” de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son “normas obligatorias”, pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: “Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado”. Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 (“¿Es posible que se establezca una prórroga?”), a lo que se responde lacónica y autoritariamente “No”. Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: “¿Sería posible una paralización?”, a lo que responden “Es posible, pero sería un error”.
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: “¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios” (64) o ¿”Se aumentarán las becas? Sería conveniente” (87) o “¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado” (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el “no” de antes o con el ofendido “de ningún modo” que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el “Informe Universidad 2000”, de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente: “Otra solución a este tipo de problema consiste en ofrecer un préstamo con devolución condicionada a la renta (o préstamo-renta). Por ejemplo, a partir del próximo curso, está previsto que el Reino Unido financie a sus estudiantes únicamente a través de préstamos-renta, eliminando totalmente las becas.” (Pág. 271) “Como tendencia general y según la experiencia internacional se recomienda, pues, la utilización prioritaria de las becas (...) en los primeros años. En cambio, en los ciclos posteriores se puede ofrecer ayuda financiera en forma, prioritariamente, de préstamos-renta.” (Pág. 276) Pues mire, señor Bricall, gracias por aclararnos que no es paranoia si de verdad te persiguen.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra Bolonia “simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo”. ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es “la movilidad de estudiantes, titulados y profesores”. En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que “favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS”. Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que “debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema” y que, si a alguien no le ha quedado claro todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: “¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?” Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa? Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
"Organicémonos, porque necesitamos toda nuestra fuerza..."
Manuel Muñoz Navarrete
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres “expertos en la materia”: Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 (“¿Quién participa en ellas” [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: “Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios”. Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 (“El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS”) y 24 (“Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas”). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27’5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios”. Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? “¿Se privatiza la educación? De ningún modo”.
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” [COM (2002) 779] o “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación” [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un “enfoque de asociación con las empresas y los particulares”. Además, hay que “concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados”.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la “reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”.
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.- La introducción de competitividad en los servicios “públicos” subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas “declaraciones de Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”. ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas (http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.ph...); y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc (http://www.institucional.us.es/cons...).
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre “libertad de expresión” de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son “normas obligatorias”, pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: “Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado”. Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 (“¿Es posible que se establezca una prórroga?”), a lo que se responde lacónica y autoritariamente “No”. Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: “¿Sería posible una paralización?”, a lo que responden “Es posible, pero sería un error”.
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: “¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios” (64) o ¿”Se aumentarán las becas? Sería conveniente” (87) o “¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado” (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el “no” de antes o con el ofendido “de ningún modo” que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el “Informe Universidad 2000”, de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente: “Otra solución a este tipo de problema consiste en ofrecer un préstamo con devolución condicionada a la renta (o préstamo-renta). Por ejemplo, a partir del próximo curso, está previsto que el Reino Unido financie a sus estudiantes únicamente a través de préstamos-renta, eliminando totalmente las becas.” (Pág. 271) “Como tendencia general y según la experiencia internacional se recomienda, pues, la utilización prioritaria de las becas (...) en los primeros años. En cambio, en los ciclos posteriores se puede ofrecer ayuda financiera en forma, prioritariamente, de préstamos-renta.” (Pág. 276) Pues mire, señor Bricall, gracias por aclararnos que no es paranoia si de verdad te persiguen.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra Bolonia “simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo”. ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es “la movilidad de estudiantes, titulados y profesores”. En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que “favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS”. Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que “debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema” y que, si a alguien no le ha quedado claro todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: “¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?” Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa? Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
"Organicémonos, porque necesitamos toda nuestra fuerza..."
Manuel Muñoz Navarrete
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