¿el resurgir del movimiento estudiantil?

El movimiento estudiantil parece despertar de un largo letargo. Mientras se acumulan las protestas contra la mercantilización de la educación, se acercan batallas que pueden ser decisivas.
El curso académico 2007-08 parece haber reactivado el movimiento estudiantil. Si bien es cierto que nunca había desaparecido, también es cierto que no atravesaba buenos momentos. A pesar de ello, las protestas contra el Proceso de Bolonia en noviembre y la jornada de lucha del pasado 6 de marzo indican una cierta recuperación de la rebeldía estudiantil. Aunque aislada y escasamente difundida, la huelga que durante mes y medio mantuvieron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha encendido la señal de alarma en vistas de lo que se avecina.
El popularmente conocido como Proceso de Bolonia, es decir, la concreción y aplicación de un Espacio Europeo de Educación Superior, se acerca a momentos clave. Oficialmente, en el curso 2010-11 debería estar implantado un nuevo sistema educativo que elimina las actuales licenciaturas por un nuevo sistema de grados y postgrados. Pero algunas facultades, como la de Ciencias Políticas en la USC, están ejerciendo de conejillo de indias anticipando su puesta en marcha y levantando una furiosa rabia entre la comunidad universitaria.
Estallidos que podrían repetirse y generalizarse por muchas otras facultades, pero que no aseguran una victoria del movimiento estudiantil. Focalizado en grandes ciudades de todo el estado como Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona o València —y frecuentemente en facultades concretas— el incipiente movimiento antiBolonia tiene un desarrollo muy desigual en cada una de las ciudades. Hecho que plantea retos y tácticas distintas aplicadas a cada realidad concreta.
Sin embargo, es necesaria también una mínima coordinación. Jornadas de lucha como la del 6 de marzo deben fortalecer el movimiento a nivel local, pero también establecer vínculos entre los distintos focos de resistencia estudiantil.
El desigual desarrollo del movimiento antiBolonia no permite atajos, ni dosis innecesarias de vanguardismo, pero sí requiere de pequeños pasos en la dirección acertada.

Recuperación
El marco de referencia de las movilizaciones estudiantiles de este curso 2007-08 ha sido, como en años anteriores, el proceso de Bolonia. Sin embargo, han sido protestas más específicas, mucho más centradas en aspectos concretos de la mercantilización de la educación ya visibles en las facultades. Las asignaturas piloto del Plan Bolonia bajo el nuevo sistema de créditos ECTS, la subida de las tasas en los precios de los master que ya triplica el precio de las licenciaturas o la publicidad de las becas-préstamo han proporcionado una base desde donde una minoría de estudiantes politizados puede conectar con amplias capas de la comunidad universitaria.
En la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo Olavide (UPO) de Sevilla se ha levantado un nuevo movimiento, los “Grupos de Trabajo No a Bolonia” constituidos en base a aspectos concretos del proceso. Donde el año pasado no existía prácticamente nada, ahora hay grupos estables de activistas capaces de organizar encierros masivos como los del 5 de marzo, paralizar por completo la universidad y sacar a más de 3.000 estudiantes a la calle al día siguiente. La huelga que mantuvieron los profesores de la US contra la precariedad el curso pasado pone de relieve que dentro de la universidad también hay espacio para la actuación conjunta de estudiantes, docentes e investigadores. De hecho, existen plataformas de profesores, aunque poco activas, que potencialmente podrían sumarse a la lucha estudiantil.
Sin embargo, en el Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han sido otros ataques no directamente relacionados con el proceso de Bolonia los que han encendido la chispa. En la Facultad de Psicología fue la cesión irregular de la librería a una empresa vinculada al Opus Dei. Desde septiembre, asambleas, sentadas, cacerolazos y pasacampus han transformado el ambiente en la facultad. Al lado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, una nueva normativa que prohíbe pegar carteles sin el sello del Decanato ha revitalizado la dinámica asamblearia. La coordinación entre ambas facultades movilizó a alrededor de 400 estudiantes el 6 de marzo contra Bolonia, mientras el Decano de políticas y sociología, Patxi Aldecoa, tuvo que encerrarse con llave en su despacho negándose a recibir las más de 1.000 firmas contra la normativa recogidas desde la asamblea de facultad. Horas más tarde se anunció una nueva junta de facultad con el objetivo de revisar la nueva normativa y posiblemente formalizar su derogación.
En el Campus de Ciudad Universitaria de la UCM, una asamblea informativa sobre la substitución de los Cursos de Adaptación Pedagógica por un master acogió a más de 70 estudiantes de la facultad de Historia. Por la tarde, cerca de 1.000 estudiantes de distintos campus y universidades madrileñas participaron en la fiesta organizada por la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia.
Aunque no hubo una manifestación central el 6 de marzo en Madrid, las posibilidades de coordinar las pequeñas resistencias que van emergiendo podrían dar lugar a nuevas y más importantes movilizaciones en un futuro no muy lejano.
A otro nivel, Barcelona sigue acogiendo un movimiento estudiantil mejor estructurado y con una trayectoria más larga. Por distintos motivos, las universidades catalanas están a la cabeza de la lucha contra Bolonia: sindicatos estudiantiles bien implantados en las facultades, asambleas fuertes en algunos campus, una plataforma movilizadora de larga trayectoria en la defensa de la universidad pública —PMDUP— y una creciente combatividad entre las y los profesores e investigadores.
De cara a las movilizaciones del pasado 6 de marzo, el Campus d’Història, en la Universitat de Barcelona (UB), estuvo una semana en huelga con clases en las calles y grandes asambleas. Y en el Campus de Diagonal (UB) las asambleas se están llenando como no pasaba en años. En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) hubo una asamblea de campus con cerca de 600 estudiantes en rechazo a la carga policial del día anterior y la huelga del día 6, extendida al personal docente e investigador por parte de los sindicatos CGT, CAU-UAB y Co.Bas, tuvo un seguimiento masivo del 85-90%, con facultades literalmente vacías.
Finalmente, más de 10.000 estudiantes, con profesores y otros trabajadores, se movilizaron en Barcelona por la paralización del proceso de Bolonia.
En muchas otras ciudades y desde muchas otras universidades también se impulsaron acciones de protesta. La Euskal Herriko Unibersitatea (EHU) de Bilbao, la Universidad de Valencia (UV) o la ya mencionada USC fueron también escenarios de movilización estudiantil hace escasas semanas.
Aunque es necesario continuar avanzando con pasos firmes, las movilizaciones del pasado 6 de marzo marcan una cierta recuperación del movimiento estudiantil. Sin embargo, su escaso eco mediático da lugar a pensar que una mayor coordinación entre los distintos focos de resistencia estudiantil podría haber repercutido en un mayor impacto de las protestas y haber elevado el debate educativo a otros ámbitos sociales más allá de las facultades.

La LOU: las empresas hacen negocios en la universidad
Hace siete años, en 2001, el movimiento estudiantil organizó las mayores protestas desde la transición. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta de Aznar provocó furiosas protestas. Ya entonces los y las estudiantes denunciaron la entrada de las empresas privadas en la universidad pública.
En un contexto general de movilizaciones antiPP, el movimiento estudiantil se retroalimentaba con muchas otras campañas y movidas de la izquierda radical. El movimiento antiglobalización irrumpía con fuerza: la exitosa campaña contra el Banco Mundial en Barcelona en junio de 2001 y las protestas de Génova contra el G8 dos meses más tarde habían radicalizado a muchos jóvenes. A finales de ese mismo año, el “Nunca Mais” se convirtió en lema de referencia contra las políticas del PP.
Ya en 2002, masivas manifestaciones antiglobalización recorrían las principales ciudades del estado denunciando la Europa del Capital y la Guerra, finalizando el semestre de presidencia española de la UE con una poderosa huelga general contra el decretazo laboral de Aznar.
A pesar de ello, el movimiento estudiantil fue derrotado en diciembre de 2001. Durante meses el movimiento antiLOU había adquirido mucha fuerza mediante asambleas informativas, jornadas de lucha, encierros en las facultades y huelgas. Algunas universidades, como la UAB, se declararon insumisas a la ley, en otras como la US colgaban pancartas que decían “No a la LOU” en los mismos edificios de rectorado. En diciembre se convocó una manifestación estatal.
En el centro de Madrid se manifestaban 300.000 personas contra la LOU convocadas por PSOE, IU, CCOO, UGT, rectores y profesores de casi todas las universidades públicas y la mayoría de sindicatos estudiantiles progresistas. Mientras tanto, las y los 5.000 estudiantes más comprometidos con el movimiento, venidos de la mayoría de campus y facultades de la península, no fueron capaces de salir de Ciudad Universitaria y se negaron a participar en la manifestación unitaria aludiendo intereses partidistas de los convocantes. Aún siendo cierto que especialmente el PSOE movilizaba por intereses partidistas —como acabó demostrando la reforma de la controvertida ley con la llegada del PSOE a la Moncloa y no su derogación como Zapatero había prometido públicamente—, tal táctica acabó aislando a los  estudiantes más combativos de los menos politizados, provocando una severa desmoralización y la práctica desaparición de cualquier estructura organizativa: asambleas, sindicatos y redes de trabajo de la mayoría de facultades.
La LOU entró en vigor y los peores augurios que entonces denunciaba el movimiento estudiantil se han confirmado en los últimos años:
- La gestión de espacios y servicios universitarios ha sido cedida a empresas privadas. Servicios de limpieza y mantenimiento, comedores, bares y servicios de reprografía, librerías y seguridad son subcontratados a empresas privadas que mantienen y reproducen condiciones laborales de precariedad.
- La universidad se compromete con la precariedad académica. No únicamente por la falta de recursos tales como aulas de estudio o sistemas de refrigeración ambiental sostenibles, sino también por los mediocres comedores con 2 microondas en facultades con 3 y 4.000 alumnos matriculados o el lamentable cobro de dossiers de obligada lectura para seguir el curso. Una precariedad que se extiende también al personal docente e investigador y muy especialmente a los becarios recién licenciados que a pesar de su trabajo no cotizan a la seguridad social.
- Las y los estudiantes son tratados como clientes con la entrada de las empresas. Hoy los carnés universitarios que antes servían para sacar libros de las bibliotecas, son tarjetas de débito asociadas por contrato público con entidades financieras. Si cualquier estudiante quiere informarse de la convocatoria de becas públicas será enviado al estanco −inexistente en los campus− a por un sobre del ministerio que deberá rellenar en su casa y entregarlo junto a la documentación necesaria. Sin embargo, hasta los estudiantes más despistados pueden encontrar en la misma puerta de sus facultades oficinas del Banco Santander, Caja Madrid o Caixa Catalunya donde se anuncia la financiación de los estudios mediante la concesión de “becas-préstamo”.
- La gestión social se dirige por el mundo de los negocios. Una de las novedades que incorporaba la LOU fue la introducción del Consejo Social como “órgano de participación de la sociedad en la universidad”, con un poder prácticamente igualable al Consejo Rector o de Gobierno: "supervisa las actividades económicas y el rendimiento de los servicios, aprueba los presupuestos y promueve la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad." Para ilustrar las funciones del Consejo Social tan solo es necesario mencionar quién es su presidente en la UCM —la mayor universidad pública del Estado— y no es otro que Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano —la mayor entidad financiera privada del Estado y gestora de Universia, la empresa de servicios universitarios más grande de Europa—.
Ésta no es una situación imaginaria. Son únicamente algunos ejemplos de lo que ya sucede en las universidades públicas. Algo que el movimiento estudiantil contra la LOU ya denunció en su momento y que tiene relación directa con lo que se avecina con la aplicación del Proceso de Bolonia: la entrada definitiva de las empresas en los planes de estudio y muy posiblemente también en los contenidos educativos.

El Proceso de Bolonia: las empresas hacen negocios con la educación
La Declaración de Bolonia, firmada en 1999, establece un compromiso entre los ministerios de educación europeos para poner en marcha una reforma universitaria a gran escala. Con la Declaración de Bolonia se pretende instalar un Espacio Europeo de Educación Superior que fomente la movilidad de las y los estudiantes y su rápida inserción en el mercado laboral.
Lo primero que hay que decir es que a nivel legal una “declaración” no es más que, valga la redundancia, una declaración de intenciones. No existe ningún tipo de obligación procedente de Europa como anuncian. Es más, la UE no tiene competencias en cuanto a legislación educativa. La aplicación o no de esta reforma depende única y exclusivamente de los gobiernos estatales. Ahora toda la responsabilidad recae en el PSOE quien, tras modificar la LOU en abril de 2007, aprobó meses más tarde, en octubre, el Real Decreto por el cual se especifica la hoja de ruta para reformar el sistema educativo universitario.
Una hoja de ruta a priori sencilla pero que puede desatar protestas generalizadas de la comunidad universitaria: “El presente real decreto, siguiendo los principios sentados por la citada Ley [LOU], profundiza en la concepción y expresión de la autonomía universitaria de modo que en lo sucesivo serán las propias universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado”.
Primer paso: el gobierno —guste o no su color— democráticamente electo se retira de la regulación de los estudios. Serán las propias burocracias universitarias las que decidirán qué se estudia y qué no. Y el Consejo Social que introdujo “la citada Ley”, dominado por sectores del mundo de los negocios, las instituciones del Estado y junto a las burocracias sindicales, aprobarán, o no, los presupuestos destinados a esos estudios. De las 174 carreras ofertadas este curso, se prevé que sobrevivan aproximadamente 70.
No de forma casual, las que están en peligro de extinción son aquellas que a priori no tienen una clara salida productiva al mercado laboral: todas las filologías (eslavas, griegas, árabes, chinas, latinas y un largísimo etcétera) se reducen a una: la filología inglesa. Historia del Arte o Humanidades, por ejemplo, y todas las actuales diplomaturas, desaparecen.
En sí mismo, aun únicamente observando la reducción de la oferta universitaria, sin tener en cuenta sus motivaciones, este hecho representa un serio ataque contra la educación pública.
Sin embargo, “de acuerdo con las reglas establecidas” ese ataque es de una escala mucho mayor. De acuerdo con la convergencia europea, el nuevo sistema educativo deberá regirse por grados y postgrados.
Los grados substituirán las actuales licenciaturas de 4 ó 5 cursos. Las diplomaturas, como ya se ha dicho, simplemente desaparecen. Los grados constarán de un primer curso de carácter generalista, que pueda ser compartido por muy diversas ramas, equiparándose más a un tercer curso de bachillerato que a un primer curso universitario. En el segundo y tercer curso se impartirán asignaturas obligatorias y optativas junto a actividades dirigidas a la “capacitación de habilidades”. El cuarto y último curso será destinado de forma mayoritaria a la realización de prácticas no remuneradas en empresas. O lo que es lo mismo, en lugar de recibir un salario por su trabajo, los estudiantes deberán pagar sus prácticas a precio europeo.
Ciertamente, todo indica que los grados “de acuerdo con las reglas establecidas” están destinados a la formación profesional, garantizando a las empresas constantes flujos de estudiantes en prácticas que seguirán reforzando la precariedad y la temporalidad del mercado de trabajo. El sistema de grados convertirá la universidad en una fábrica de precarias y precarios.
Por otro lado, los postgrados o master sustituirán los actuales doctorados, elitizando de forma innegable la educación superior puesto que las tasas no estarán sujetas a ninguna regulación, sino a la oferta y demanda. Este curso 2007-08 el precio de un crédito de master triplica el precio del crédito de una licenciatura.
Master que por otro lado pueden ser dirigidos por empresas privadas, como actualmente ya sucede con la Cátedra Repsol en la Universidad Carlos III (UCIII) de Madrid. Los postgrados divididos en dos años ofrecerán al estudiante, tal y como sucede en los grados, un curso entero de prácticas no remuneradas en empresas. Pagado también a precio europeo, cercano a los 8.000 euros al año como afirman algunas fuentes.
Por si no fuera poco, el nuevo sistema de créditos europeos ECTS contabilizará también las horas de estudio fuera del aula. Si un crédito actual corresponde a 10’5 horas lectivas de clase, los ECTS pueden rondar las 20 ó 30 horas de trabajo, impidiendo hacer compatibles estudio y trabajo. Pero como hay solución para todo, ahí está la oferta de becas-préstamo que anuncian los bancos.
Por último, aunque hay muchos otros aspectos del proceso que no caben en este artículo, en la financiación pública de las universidades se instalan los mismos criterios de competitividad que existen en el mundo empresarial. Para garantizar que esta transformación de la educación responda a los intereses de las empresas, las universidades tendrán que competir entre ellas en busca de financiación privada. A mayor financiación privada, mayor financiación pública. Así de fácil, si una universidad se niega a recibir fondos privados, tampoco recibirá fondos públicos y, como las diplomaturas, desaparecerá.

Paremos Bolonia
Ante tan salvaje ataque neoliberal sobre la educación universitaria, dar continuidad a las protestas iniciadas este curso es fundamental. El nuevo sistema de grados y postgrados debería implantarse para el curso 2010-11, pero es posible detenerlo. En la USC, la huelga de los estudiantes contra la aplicación del nuevo sistema educativo el curso 2008-09 fue un éxito, pero no detiene la amenaza, que puede repetirse el próximo curso. En la Facultad de Traducción e Interpretación y en la de Comunicación de la UAB también han paralizado los grados propuestos mediante la acción conjunta de estudiantes y profesores.
Pero no deben quedarse en meras anécdotas. Quizás no este curso, pero a lo largo del próximo todas las universidades deberán aprobar y presentar su oferta de grados y postgrados. Será entonces cuando lleguen batallas decisivas. El principal reto que se nos presenta ahora es fortalecer en lo local el movimiento estudiantil antiBolonia, aprendiendo de las experiencias de lucha a lo largo del estado: establecer espacios estables de trabajo, vincular las protestas estudiantiles con la creciente combatividad de los docentes e investigadores, coordinar mejor nuestro común rechazo a la mercantilización de la educación y cuando llegue el momento ir a la huelga y paralizar Bolonia.
En este camino, fortalecer lazos entre activistas de distintas partes del estado, extender la lucha antiBolonia a los institutos o converger con otros movimientos que denuncian los procesos de mercantilización en otros ámbitos, como en la sanidad, no puede hacer más que reforzar la resistencia estudiantil.
Es la universidad pública la que está siendo atacada y no es poco. Durante el curso 2005-06 se matricularon 1.433.016 estudiantes universitarios en el Estado español, de los cuales un 90’35% lo hicieron en universidades de titularidad pública. Un 13’24% de ellos acabó sus estudios a lo largo del curso. Nuestro futuro no está en venta, la educación tampoco debería estarlo.

Enric Rodrigo.


Más información:
noabolonia.wordpress.com (Sevilla)
especialbolonya.wordpress.com (Barcelona)
www.universitatpublica.org (PMDUP)
http://www.kaosenlared.net/especial/stop-lou-bolonia (kaosenlared)